Antes de su destitución, Vidovic dijo que sus antecedentes se cancelaron; el presidente del TSJ confirmó ese procedimiento
En un texto que publicó la noche del miércoles, la exautoridad indicó que en 2015 fue “víctima de un proceso político que culminó” con su “secuestro, tortura y condena ilegal a tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena”
Tras conocerse que tiene una sentencia ejecutoriada, el ahora exministro de Justicia, Freddy Vidovic, argumentó que el Código de Procedimiento Penal establece que después de transcurridos ocho años del dictamen se cancelan los antecedentes penales.
“En mi caso, han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia ilegal, lo que refuerza mi derecho a ejercer mis funciones sin restricciones”, sostuvo en una publicación en su cuenta de Facebook.
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Efectivamente, el artículo 441 de la citada norma establece en su numeral dos que el registro de las Sentencias condenatorias ejecutoriadas será cancelado “después de transcurridos ocho años desde que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena”.
Supremo de Justicia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se refirió a este tema la mañana de este jueves, antes de la destitución de Vidovic, y afirmó que “evidentemente, toda persona que tiene una deuda con el Estado, en este caso en materia penal, transcurrido un tiempo de haber ejercido el Estado su poder punitivo sobre una persona, cumple en este caso 8 años, y puede nuevamente recuperar sus derechos ciudadanos, civiles y políticos”.
Ministro sentenciado
En un texto que publicó la noche del miércoles, la exautoridad indicó que en 2015 fue “víctima de un proceso político que culminó” con su “secuestro, tortura y condena ilegal a tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena”.
Era su respuesta a la conferencia de prensa que brindó la noche del miércoles el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, en la cual había informado que Vidovic tenía una sentencia ejecutoriada y, en su criterio, no podía cumplir la función pública. Además, anunció que enviaría el informe al presidente Rodrigo Paz.
Vidovic argumentó después que “la Constitución Política del Estado establece en su artículo 234, numeral 4, que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento”.
“Sin embargo, se está pretendiendo utilizar esta sentencia condenatoria viciada de nulidad, dictada en un proceso ilegal y sin garantías, para privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como Ministro de Justicia”, dijo.
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En ese marco, el ahora exministro argumentó que “el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 441, numeral 2, establece que después de transcurridos 8 años desde que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena, se puede solicitar la cancelación de antecedentes”.
Saucedo dijo que, sin embargo, la decisión de la permanencia de Vidovic en el Ministerio de Justicia es una decisión del presidente Rodrigo Paz.
“Eso hay que dejarlo bastante claro conforme establece la Constitución Política del Estado, pero más allá de eso, quiero ser bastante claro, es una atribución privativa del Estado el poder designar a sus ministros, por lo tanto, no quisiéramos entrar en esa arena”, sostuvo Saucedo.
Mediante decreto, el presidente Paz designó a Jorge García Pinto como nuevo viceministro. Su antecesor habló con la prensa, dijo que es un decisión injusta, pero aclaró que respeta la decisión del mandatario boliviano.
Luego anunció que permanecerá donde el vicepresidente Edmand Lara, quien sugirió su nombre para el Gabinete, lo necesite.