Bolivia se pacifica después de dos semanas y se consolida la eliminación de la subvención
Los bloqueos de la COB y otros sectores dejaron pérdidas millonarias para el país, según datos oficiales
Este martes se publicó en la Gaceta Oficial de Bolivia el Decreto Supremo 5516, que dispuso la abrogación de la 5503 tras dos semanas de protestas de la Central Obrera Boliviana (COB).
El DS 5503 de emergencia económica, promulgado el pasado 17 de diciembre, estableció la eliminación de la subvención de los combustibles, bonos sociales, arancel cero, nuevos tipos de contrato, procedimientos para créditos, entre otros.
La nueva norma mantuvo la eliminación del subsidio y los bonos, pero retiró el resto de las disposiciones, que eran catalogadas por la COB como “inconstitucionales”, pero que el Gobierno defendía como un nuevo modelo para el país tras 20 años de “estado tranca” del MAS
Pero el camino para este acuerdo fue largo y dejó pérdidas millonarias. La COB declaró paro indefinido el 19 de diciembre, aunque no logró sumar a otros sectores hasta inicios de enero.
El mismo 20 de diciembre el Gobierno inició mesas de trabajo con diversos sectores y se reunió con transportistas, gremiales, exportadores y agropecuarios, con quienes consensuó medidas para reducir el impacto del DS 5503.
Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pasaron casi sin bloqueos y la COB solo logró activar huelgas de hambre.
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Sin embargo, el 3 de enero la COB inició una marcha a La Paz desde Calamarca, que llegó a la Sede de Gobierno el 5 de enero. Esta misma fecha se sintieron los primeros bloqueos de carreteras en La Paz y las marchas se incrementaron.
El 6 de enero, el presidente Paz afirmó que “no daría ni un paso atrás” en la normativa y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que estaban dispuestos a mejorar la normativa, pero no anularla.
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El Gobierno activó diversos canales de diálogo y se reunió con más de 160 sectores en mesas de trabajo, con las que logró acuerdos y avanzó en documentos para normas complementarias a la 5503.
Sin embargo, otros sectores, como los interculturales y las federaciones de campesinos, se sumaron a las protestas con bloqueos de caminos, cortando el tráfico de las principales carreteras del país desde el 6 de enero.
El Gobierno y la COB instalaron al menos tres mesas de diálogo durante el bloqueo de caminos, el 5 de enero, el 7 y el 9, pero sin resultados, pese a que se anunció un “principio de acuerdo”.
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Los enfrentamientos en la plaza Murillo se daban casi cada día y se aprehendió al menos a 12 movilizados.
No fue hasta el domingo 11 de enero que se convocó a una nueva reunión en El Alto, en la que participaron ministros de estado y los principales dirigentes de la COB.
En horas de la noche, tras largas horas de análisis, se acordó un nuevo decreto, que mantendría la eliminación de la subvención de combustibles y otras medidas sociales, pero sin el resto de los artículos que la COB consideró inconstitucionales.
Los bloqueos, según datos oficiales, le costaron al país más de 20 millones de dólares por día, afectando el turismo, al sector productivo, exportador, pero también a los gremiales y transporte.
El conflicto reavivó el debate sobre la pertinencia de los bloqueos como una medida de presión y varios legisladores reimpulsaron el proyecto de ley “antibloqueos” que busca penalizar esta acción por considerarla “criminal”.