Gobernación cruceña defiende convenio de electrificación y niega vulneración de la autonomía departamental
Ante los cuestionamientos por el convenio firmado con el Gobierno, desde la Gobernación se refirieron a los pormenores de este proyecto de electrificación por $us 42 millones que apunta a beneficiar a 2.400 familias
El asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, defendió el convenio firmado con el Gobierno para ejecutar un proyecto de electrificación rural de $us 42 millones, asegurando que no afecta la autonomía departamental y que permitirá llevar energía a 2.400 familias que aún carecen de este servicio básico en distintas provincias.
“Es totalmente falso que se haya entregado la autonomía, que se haya dañado la autonomía”, sostuvo el ejecutivo y remarcó que el acuerdo solo autoriza al nivel central a invertir dentro de las zonas que la Gobernación identifica como beneficiarias, ya que se trata de un proyecto único, financiado con un crédito gestionado por el Gobierno ante el Banco Mundial.
Suárez se refirió a este asunto ante los cuestionamientos surgidos en la presente semana por este tema, los cuales provienen desde diferentes instancias, como es el caso del abogado y precandidato a gobernador Otto Ritter, quien presentó una solicitud de informe al gobernador Luis Fernando Camacho.
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“Que (Camacho) nos diga por qué ha cedido las competencias autonómicas al Gobierno central y que haga todo lo necesario para dejar sin efecto y anular el convenio porque las competencias autonómicas no se pueden ceder a nadie (...) Esto es un crimen contra Santa Cruz, contra nuestra bandera, es vender la dignidad de Santa Cruz por cuatro focos”, dijo Ritter.
Mientras tanto, el asesor de la Gobernación subrayó que el organismo internacional exige que sea el Gobierno nacional quien ejecute la obra y añadió que la infraestructura quedará posteriormente bajo la administración de la distribuidora local, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).
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Desde la Gobernación reiteraron que la competencia solo se cede de manera temporal para ejecutar el proyecto, tal como establece el documento, y que su no aprobación significaría la pérdida de los recursos y dejar sin electrificación a las familias.
También remarcaron que la Asamblea Legislativa Departamental debe ratificar el convenio antes de su implementación.