Gremiales alistan protestas contra la ley antilegitimación pese al compromiso del MAS de informar sobre la norma
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento de la norma que estaba programado para las 10:00 de este martes. Luego se supo que esa decisión fue por pedido del ministro de Justicia, Iván Lima.
Los gremiales del país mantienen el estado de emergencia y su rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. El sector alista movilizaciones en protesta.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento de la norma que estaba programado para las 10:00 de este martes. Luego se supo que esa decisión fue por pedido del ministro de Justicia, Iván Lima.
Pese a esa decisión, el dirigente gremial Wilson Gutiérrez anunció este martes que en los próximos días el sector convocará a un ampliado para definir las futuras movilizaciones.
“La Confederación de Gremiales de Bolivia está en emergencia y seguramente en el transcurso de estos días y vamos a programar nuestras movilizaciones porque no podemos permitir que otra vez se pretenda aprobar este proyecto de ley que ha sido abrogado en 2021”, señaló Gutiérrez.
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Horas antes, en una entrevista con La Revista de UNITEL, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, anunció que la norma no se aprobará en esa instancia hasta que no se escuchen las observaciones de los sectores en conflicto, entre ellos los gremiales y transportistas.
“Lo que se va a hacer es invitar a los distintos sectores, no solamente como los gremiales y los transportistas, sino también al sector empresarial, para que nos haga conocer cuáles son las observaciones”, señaló el legislador.
¿Misma ley?
Gutiérrez advirtió que “la ley 1386 pretendía penalizar al comercio informal y ahora con este proyecto ley se sigue con esta intención”.
Jáuregui aseguró que “esta ley no es una reposición del proyecto que estaba integrado por 77 artículos”, sino se trata de “una adecuación de los tipos penales contenidos en el 133, 185 y el 71 del Código Penal”.
El ejecutivo nacional Antonio Siñani indicó que este martes los gremiales de Oruro se movilizaron precisamente para rechazar la norma.
Gutiérrez volvió a poner en mesa el temor del sector a una posible “penalización” de las movilizaciones.
“La población sabe que la organización civil organizada tiene como medio de defensa solamente las marchas de protesta, no vamos a poder salir a las calles a exigir que se archive y nos van a considerar como terroristas”, afirmó.
Sin embargo, Jáuregui había subrayado: “Garantizamos de que no se va a aprobar hasta que no se inicien reuniones con los sectores que hagan conocer sus preocupaciones”.