“La solución exige voluntad política”: Economistas lanzan 5 propuestas para sacar a Bolivia de la lista gris del GAFI
Desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz advierten que Bolivia debe actuar hoy, no solo para salir de la lista gris, sino para recuperar el espacio financiero que tanto necesita
Después de que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a Bolivia en su denominada lista gris de países bajo vigilancia reforzada, el Colegio de Economistas de Santa Cruz planteó cinco medidas urgentes, resaltando que, más allá de culpas políticas, “la solución exige voluntad política y coordinación entre los poderes del Estado”.
El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contemplando deficiencias en la legislación boliviana contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, según lo advertido desde la administración estatal.
En esta línea, el ente colegiado señaló que la inclusión en la lista gris tendrá impactos serios en el país: se verá afectada la confianza de inversionistas, habrá más restricciones bancarias y se encarecerá el financiamiento externo, en un contexto de reservas internacionales debilitadas y fragilidad macroeconómica.
El Gobierno afirma que Bolivia ha cumplido “más del 90 % de las acciones recomendadas por el GAFI”, y atribuye la sanción a un “sabotaje legislativo” en 2021, cuando se suspendió la Ley 1386, clave para combatir la legitimación de ganancias ilícitas.
Sin embargo, el Colegio de Economistas cuestiona ese enfoque al observar que culpar exclusivamente al Legislativo es una estrategia reductiva que posterga responsabilidades compartidas. Además, advierte que la ausencia de una ley de técnicas especiales de investigación sigue siendo una falla estructural sin resolver.
Los economistas denuncian que la inacción legislativa desde 2021 refleja “falta de visión estratégica”, lo cual prolonga las vulnerabilidades legales y encarece el costo económico del país, afectando la percepción de seguridad jurídica y la atracción de inversiones.
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Como solución, proponen cinco acciones:
1.- Aprobación inmediata de la Ley de Técnicas Especiales, la Ley de extinción de dominio y la Ley de Beneficiarios Finales.
2.- Creación de un plan de acción conjunto interinstitucional, con metas y plazos claros.
3.- Supervisión efectiva, con sanciones concretas y campañas de transparencia.
4.- Compromiso público de todos los actores (Ejecutivo, Legislativo, UIF, Ministerio Público) para evitar recaídas.
5.- Informes periódicos al GAFI, con documentación de avances y resultados tangibles.
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