Presidente de Cainco: Ley de diferimiento debe revertirse, en lo posible, y ser evaluada por la nueva Asamblea
Jean Pierre Antelo cuestionó que se apruebe ley de diferimiento durante el periodo de transición. “No era un momento para empezar a aprobar nuevas normas”, señaló
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, manifestó que la Ley de diferimiento de créditos no debería haberse aprobado durante el periodo de transición y consideró que su revisión debe quedar en manos de la nueva Asamblea Legislativa.
“Los nuevos parlamentarios, en los primeros días, deben analizar esta norma y, en lo posible, abrogarla para buscar una normativa que en realidad sea de beneficio para el país y que pueda ayudarnos a salir de la crisis y tantas leyes que se fueron creando y que hay que deshacer para volver a construir”, expresó el ejecutivo la tarde de este miércoles.
Más temprano, en la última sesión de gabinete ministerial, el presidente Luis Arce promulgó la norma que contempla el beneficio para los deudores de préstamos de vivienda de interés social y de la micro y pequeña empresa.
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Antelo explicó que proteger el sistema financiero es clave tanto para los ahorristas como para la economía en general, advirtiendo que cambios rápidos y apresurados en las reglas pueden generar consecuencias más graves que los problemas que se buscan resolver.
Asimismo, el dirigente empresarial consideró que el periodo de transición de Gobierno debía servir para entregar de la mejor manera los despachos ministeriales y la información que va a requerir el nuevo gobierno para poder empezar a planificación.
“No era un momento para empezar a aprobar nuevas normas, a empezar nuevas contrataciones; lamentablemente, ya está, ahora toca mirar hacia adelante y que el nuevo gobierno electo, con el equipo idóneo, pueda revisar, y también la Asamblea, reconducir todo esto que fue dañando a la economía”, resaltó.
La norma dispone diferimiento automático de pagos por seis meses, sin generar intereses adicionales ni sanciones, según su publicación en la Gaceta Oficial.